Manuel Rico destapa en ¡VERGÜENZA! EL ESCÁNDALO DE LAS RESIDENCIAS, un escándalo social, moral, político y empresarial


Editorial Planeta. 416 páginas

Rústica con solapas: 18,90€ Electrónico: 9,99€


¡VERGÜENZA!, de Manuel Rico, indaga en el lado más amargo de la pandemia por COVID-9: las más de veinte mil muertes en residencias. Funerarias sobrepasadas, ancianos que morían solos… ¿Cómo fue posible el desastre de la primavera de 2020? ¿Qué causas provocaron el contagio masivo en las residencias?. El libro es un manual imprescindible para que los políticos y la sociedad tomen conciencia de que son necesarias reformas urgentes que eviten una repetición de la gran vergüenza de la primavera de 2020. Una obra de actualidad que desnuda un escándalo social, moral, político y empresarial.


Manuel Rico, director de investigación de infoLibre, desvela en ¡VERGÜENZA!,con datos oficiales inéditos, quiénes se están enriqueciendo con el cuidado de los ancianos, el mayor impacto del virus en los centros controlados por los grandes grupos y la desidia de las Administraciones a la hora de inspeccionar las residencias y sancionar a las empresas que se saltan la ley.


Una información necesaria


Explicar con datos ciertos cualquier realidad nunca supone criminalizar a nadie, sino que es necesario para que los ciudadanos sepan cómo funcionan las cosas y puedan tomar decisiones informadas”. (M. Rico, ¡Vergüenza!, pag.150)


Un año después de que empezara a extenderse en España, la pandemia del covid ha sido como una batalla que ha dejado el terreno lleno de cadáveres. Esa batalla no ha terminado, pero es hora de analizar fallos y enmendar errores cometidos de modo que esta catástrofe humanitaria no se repita en el futuro. Manuel Rico se centra en uno de los escenarios que más ferozmente han sufrido los efectos de la pandemia, no sólo por el propio virus, sino por una mala –en ocasiones, pésima- gestión humana. Ese escenario es el de las residencias de ancianos, el flanco más castigado de toda la sociedad.


El título del minucioso, documentado trabajo de investigación, sólidamente apoyado en los datos, llevado a cabo por Manuel Rico es inequívoco. ¡Vergüenza! es lo que cabe exclamar ante lo ocurrido, la dejación y el abandono sufridos por la parte más vulnerable de la sociedad. Para concienciar al lector de la necesidad imperiosa de arreglar ese escándalo de las residencias, Rico empieza por recordar la situación dantesca que se dio en esos centros durante los primeros meses de la pandemia.


Lo que ocurrió fue que el sistema “en el mejor de los casos permaneció noqueado y en el peor colaboró activamente en la mayor violación de derechos humanos de un colectivo en las últimas siete décadas de la historia de España”. Situación que se tradujo “en una condena a muerte para muchas personas que formaban parte de uno de los grupos más desvalidos de nuestra sociedad: los ancianos dependientes”.


Manuel Rico, el primer periodista que desde el medio donde trabaja investigó en profundidad el escándalo que se estaba produciendo, nos enfrenta a esa realidad de pesadilla antes de entrar en el análisis de lo ocurrido, de las causas y las responsabilidades.


Pero este libro es mucho más porque pone el acento en cómo esta pandemia ha desvelado la gestión polémica y con fines puramente lucrativos que hay detrás de muchos de los grandes grupos del sector residencial.


I. Las causas: una discriminación mortal


En marzo de 2020, cuando la amenaza de la pandemia empezaba a concretarse, quienes conocían la realidad de las residencias eran conscientes de que dichos centros carecían de la infraestructura, el personal y las condiciones adecuadas para aislar a personas con enfermedades infecciosas, así como de la irresponsabilidad que suponía no evacuarlas.


Con los ancianos recluidos en ellas, las residencias se convirtieron en tanatorios; se dejó morir a los ancianos de forma masiva en los propios centros en Madrid, Cataluña o Castilla y León, sin que recibieran atención hospitalaria. Cómo pudo pasar algo así, se pregunta Manuel Rico. Quienes tomaron decisiones clave, se responde, “o no habían pisado una residencia en su vida; o eran idiotas, cortos de entendimiento, o tenían un desprecio absoluto por la vida de los ancianos”.


Porque las residencias están “diseñadas para contagiar, no para frenar un virus”: con mucha gente que entra y sale, una obligada cercanía de quienes viven y trabajan allí e infraestructuras inadecuadas al tener muchas zonas compartidas. Hubo falta de planes de contingencia ante situaciones excepcionales, falta de personal y ausencia de la atención primaria en las residencias. Como en una tormenta perfecta, se daban todos los elementos para la catástrofe. Todo lo que se podía hacer mal se hizo mal: al virus no se le puso un muro de contención, sino una autopista para que se expandiese a toda velocidad.


Las autoridades sanitarias entregaron todos los medios a los hospitales y abandonaron a las residencias. Esas decisiones de una negligencia casi criminal llegaron, además, tras una década de recortes en los servicios públicos.


La pandemia reventó las costuras de un sistema residencial que estaba en pañales en España desde hacía muchos años. La factura la pagaron con su vida miles de ancianos”.


También hay responsabilidades de los políticos, con medidas como “el indigno Protocolo” aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que prohibía derivar a los hospitales a los mayores de residencias con un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En Madrid tampoco se aplicaron alternativas como medicalizar los geriátricos, usar un hospital de campaña (al que no se llevó a quienes más lo necesitaban) o utilizar los hospitales privados (no consta ni un solo traslado en los primeros meses de la pandemia). En Cataluña se aprobó un Protocolo que recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años.


Pese a todo, Manuel Rico destaca la importancia de no generalizar: no todas las residencias fueron iguales. La hecatombe se concentró en el 20%, dato que obliga a analizar su situación y el papel de quienes las gestionan. Las residencias en general ya tenían un déficit de recursos y personal cuando nos alcanzó la pandemia. La principal razón de ese déficit es económica, y la responsabilidad es de quienes gestionan los centros con esas carencias. Junto al factor principal de la falta de personal se dieron otros problemas, como el tamaño de los centros (con abundancia de habitaciones dobles y zonas compartidas), ahorro en costes de mantenimiento, ausencia de planes de contingencia, falta de formación de los empleados o escasez de equipos de protección.


En el marco de la investigación realizada para la elaboración del libro, Manuel Rico solicitó a todas las comunidades información sobre fallecimientos de mayores desglosados por centros durante los meses críticos de la pandemia. Respondieron 11 comunidades, incluidas tres de las cuatro más afectadas (Madrid, Catalunya y Castilla La-Mancha). El análisis de esos datos permite llegar a tres grandes conclusiones. Primera: en ocho de las once comunidades, el impacto de la mortalidad fue mayor en los centros de gestión privada que en los de gestión pública. Segunda: el impacto del covid fue mucho mayor en las residencias explotadas por los 30 grandes grupos empresariales que en aquellas gestionadas por el resto del sector privado (sociedades mercantiles con menos de 800 4 camas y entidades del tercer sector) o por el sector público. Tercera: la afectación ha sido mayor en términos proporcionales en los centros de mayor tamaño que en los más pequeños.


En el libro se detallan todos estos datos y se realiza un análisis específico sobre lo ocurrido en los ocho grandes grupos de residencias que existen en España. Esas ocho majors, como podríamos calificarlas con un término cinematográfico, tienen en común que gestionan más de 40 centros y más de 4.500 camas: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece.


II. El negocio: quién se está enriqueciendo con el cuidado de los mayores


Ante la cuestión de quién y cómo hace hoy negocio en España con el cuidado de los mayores, el autor del libro aporta tres ideas básicas: 1) El sector está completamente privatizado, sólo un 13% de las plazas son de gestión pública, y hay una importante presencia de la Iglesia católica, que es el principal operador. 2) Se da un fuerte proceso de concentración empresarial. Y 3) En el modelo residencial español existen dos evidentes anomalías, expresiones del capitalismo más salvaje del siglo XXI y del capitalismo incipiente del siglo XIX. La primera anomalía se concreta en el papel de los fondos de private equity, y la segunda en una extensa red de residencias en manos de congregaciones de monjas que siguen funcionando con los parámetros de la beneficencia y la caridad.


El sector geriátrico se ha convertido en objeto de deseo para los inversores, por la creciente financiación con dinero público de las empresas privadas del sector, sobre todo tras la aprobación de la llamada Ley de Dependencia. Más dinero público equivale a menudo a más negocio privado y lo cierto es que la mercantilización del cuidado de los ancianos está en España en una fase de enorme aceleración.


Capitalismo financiado por el contribuyente


Las gestoras de residencias ingresan más de 2.000 millones de euros al año de dinero que tiene origen público. En el libro se analiza esa imparable privatización del sector y quiénes son los grupos más beneficiados por dicho proceso.


Estamos ante un peculiar capitalismo financiado por el contribuyente. El Estado ha huido de forma despavorida de este sector. Y el espacio que ha dejado libre lo ha ocupado el sector privado, ya que se trata de un sector jugoso, atractivo para el capital.


Las vías para transferir dinero público al sector privado son principalmente tres: las concesiones, la concertación de plazas y el cheque-residencia (opción que encanta a las patronales porque todo el dinero que se entrega a los usuarios acaba en sus manos).


De entrada, la colaboración público-privada no es ilegítima. La cuestión, sostiene Manuel Rico, es cuánto negocio es legítimo que haga una empresa privada gracias a la explotación de bienes públicos en un sector como el cuidado de los mayores. ¿Un millón de euros al año gracias a una única residencia, como ocurre en algún caso?


Los poderosos detrás de las residencias


El libro contiene un detallado who’s who de esos grupos dominantes en el sector residencial. Empresas, como DomusVi, Vitalia Home o Colisée, tras las que hay fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales, como la isla de Jersey, y de los que se desconoce la identidad de sus principales accionistas. Otros grupos están controlados por multimillonarios españoles, como Florentino Pérez (Clece). T


ampoco faltan empresarios poco ejemplares, como José Luis Ulibarri (Aralia), procesado en dos piezas del caso Gürtel y detenido en otra operación contra la corrupción, o la familia Carceller (Sacyr), cuyos miembros más destacados han sido condenados como delincuentes fiscales.


Saber quiénes son los dueños de las residencias en España ayuda a entender una realidad compleja”, escribe Manuel Rico.


Toma el dinero y corre


Los fondos de private equity, que acumulan una parte cada vez mayor del negocio con los ancianos, están diseñados para ganar dinero rápido por el procedimiento de revender pronto; en otras palabras, dar el mayor pelotazo posible. Ello conlleva crear complicadas estructuras societarias (a veces en paraísos fiscales) con el objetivo de eludir impuestos y exprimir al máximo la caja de los geriátricos que gestionan para conseguir todo el dinero efectivo que puedan, lo que se traduce en ahorros en personal, alimentación, limpieza o infraestructuras de los centros.


En el libro se describen los principales pelotazos multimillonarios que han dado los fondos de inversión comprando y vendiendo grupos de residencias en España.


Quizá la sociedad española debería plantearse si una industria de esa naturaleza puede hacer negocio en cualquier sector de la economía. O si hay actividades que no deben ser víctimas de la especulación financiera más feroz”, plantea el autor, que defiende la necesidad de aprobar cambios normativos para blindar el cuidado de los mayores frente a la especulación financiera.


Con la Iglesia hemos topado


La Iglesia católica es el principal operador de residencias de mayores en España, con una diferencia considerable sobre cualquier empresa mercantil, aunque este hecho rara vez es tenido en cuenta por dos razones: la Iglesia trabaja con marcas diferentes (congregaciones religiosas y fundaciones) y la falta de transparencia dificulta encontrar los datos. El ránkin eclesiástico lo encabezan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, las Hijas de la Caridad y las Hermanitas de los Pobres, seguidas por los obispados y Cáritas.


Un fenómeno destacado en los últimos años es la simbiosis entre la Iglesia y las grandes multinacionales del sector, que se concreta en la gestión por estas últimas de centros propiedad de instituciones religiosas. En ese negocio destaca especialmente Clece, compañía de Florentino Pérez, aunque no es ni mucho menos la única.


III. El Estado ausente: responsabilidades de la Administración


La ausencia del Estado es patente también en las (escasas y mal planteadas) inspecciones, las (escasas y leves) sanciones y la deficiente financiación. Otro caso de tormenta perfecta: las manifiestamente mejorables inspecciones y sanciones, unidas a la avaricia de algunos de los principales grupos, perjudica seriamente la calidad de la atención que reciben los mayores.


Las inspecciones son muy mejorables porque faltan inspectores, el sistema se basa erróneamente en los procedimientos y no en los resultados, y hay una falta absoluta de transparencia sobre las inspecciones realizadas.


Las ilegalidades no se sancionan casi nunca, las pocas veces que se imponen multas son por cuantías mínimas y las escasísimas ocasiones en que el castigo es ejemplar resulta que no recae en los grandes grupos del sector. En los últimos cinco años, en toda España sólo se han puesto diez multas firmes por importe superior a 100.000 euros. En el libro se revela quiénes fueron las compañías sancionadas. Y también se analiza, comunidad a comunidad, el número y el importe de las multas impuestas.


IV. Qué hacer: propuestas para combatir el actual escándalo de las residencias


Manuel Rico cierra este documentado trabajo, que es un alegato necesario en defensa de la parte más vulnerable de la población, con una serie de propuestas positivas que ayuden a cambiar la situación descrita hasta aquí.


Son 33 posibles medidas, repartidas en varios bloques. Estos tienen que ver con las residencias, la coordinación sociosanitaria, el sistema de dependencia, la gestión del dinero público, los servicios de inspección, el régimen sancionador o la necesidad de saber la verdad de lo ocurrido, aplicar la justicia y conseguir que una catástrofe semejante no se repita.


Esas medidas son, entre otras, elevar las ratios de personal cuidador, combatir su precariedad laboral y mejorar su formación, garantizar el derecho a la vida privada de los residentes, limitar el tamaño máximo de los centros, aprobar leyes autonómicas de residencias, considerar a estas “infraestructuras críticas”, ofrecer atención primaria a los residentes, acabar con las listas de espera de dependencia, aumentar las plazas de gestión pública, suprimir el cheque-residencia, mejorar los criterios para adjudicar concursos públicos, obligar a las empresas a ser más transparentes, transformar de forma radical el modelo de inspección, poner fin a la impunidad de facto de los grandes grupos y de las entidades religiosas a la hora de recibir sanciones o aprobar una investigación independiente de los ocurrido en las residencias durante la pandemia.


Sobre el autor


Manuel Rico (1967). Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y máster en Comunicación por la Universidad de Columbia-Missouri, donde estudió con una beca Fulbright. Es también graduado en Derecho por la UOC y miembro del Colegio de Abogados de Madrid. En sus treinta años de trayectoria profesional ha sido redactor jefe de Interviú, subdirector de Tiempo, subdirector de Público y director de infoLibre, y ha trabajado en El Correo Gallego y en las delegaciones de Galicia y Euskadi de El Mundo. Desde marzo de 2020 es director de investigación de infoLibre.


 

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